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El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad: qué cambia en las pensiones, las prestaciones y el trabajo

El Senado aprobó la nueva ley de discapacidad con 71 votos a favor, estableciendo un régimen permanente de protección social y financiamiento para personas

19/11/2026 20:29· 4 min de lecturaWhatsAppFacebookX
El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad: qué cambia en las pensiones, las prestaciones y el trabajo

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, con 71 votos a favor y sin oposición, la nueva ley de discapacidad. Esta iniciativa busca establecer un régimen permanente de protección social, prestaciones y financiamiento para personas con discapacidad.

La votación se produjo el jueves 19 de noviembre, después de que el proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya hubiera obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. En dicha cámara, el proyecto había sido aprobado con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

La nueva legislación busca reemplazar el esquema transitorio de emergencia por un sistema permanente que garantice la continuidad de las prestaciones, la actualización de los aranceles y el financiamiento de los servicios destinados a las personas con discapacidad.

Uno de los principales cambios está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad y su compatibilidad con el empleo registrado. La norma establece que estas pensiones equivaldrán al 70% del haber jubilatorio mínimo y se actualizarán mediante los mecanismos de movilidad previsional.

Además, introduce un cambio importante para quienes trabajan o buscan empleo: la posibilidad de cobrar una pensión por discapacidad y tener un trabajo registrado, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta disposición también contempla a quienes se desempeñen como monotributistas, bajo las condiciones establecidas en la legislación.

En caso de que los ingresos superen el límite permitido, la prestación podrá suspenderse mientras se mantenga esa situación. Si posteriormente la persona pierde el empleo o vuelve a cumplir los requisitos, podrá solicitar la rehabilitación del beneficio.

La medida apunta a evitar que la incorporación al trabajo formal implique necesariamente la pérdida definitiva de una pensión.

La nueva ley también contempla la continuidad del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. La legislación mantiene el nomenclador único que establece los valores de referencia para los servicios y contempla mecanismos de actualización periódica de los aranceles. Esto alcanza a prestaciones comprendidas en el sistema, entre ellas tratamientos de rehabilitación, terapias, transporte y servicios de instituciones especializadas.

La actualización de los valores busca dar mayor previsibilidad a los prestadores, que dependen de esos pagos para sostener la atención. Asimismo, la nueva normativa contempla la regularización de las deudas pendientes con prestadores del sistema de discapacidad.

El texto aprobado por el Congreso establece un mecanismo para regularizar las obligaciones económicas pendientes. Según las disposiciones previstas, el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días correspondientes y completar los pagos comprendidos en el mecanismo en un plazo de hasta 90 días, conforme a los requisitos administrativos establecidos.

Estas medidas buscan garantizar la continuidad de los servicios y evitar interrupciones en tratamientos y prestaciones.

El Gobierno deberá reglamentar la nueva ley en 30 días. La aprobación del Senado completa el trámite legislativo, pero todavía restan la promulgación, la publicación oficial y las medidas administrativas necesarias para poner en funcionamiento el régimen.

Durante el debate parlamentario, legisladores de la oposición reclamaron al Gobierno nacional que cumpla con la reglamentación y garantice los recursos necesarios para aplicar las disposiciones aprobadas.

La nueva legislación también contempla mecanismos de fiscalización y control de las prestaciones. Los organismos competentes podrán realizar auditorías periódicas y cruzar información con distintas dependencias del Estado, entre ellas ANSES y ARCA. Sin embargo, los procedimientos deberán respetar el derecho de defensa de los beneficiarios y las garantías administrativas correspondientes.

El objetivo es controlar el cumplimiento de los requisitos sin eliminar las protecciones previstas para las personas que tienen derecho a recibir las prestaciones.

La aprobación de la nueva ley de discapacidad es un paso importante para garantizar la protección social y el acceso a servicios de personas con discapacidad en Argentina.

Fuente: Diario El Tribuno
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